¿Es Einstein mejor que Kelsen o Kelsen se parece cada vez más a Einstein?

por Mercè Darnaculleta

Publicado: 2 junio, 2021 en: Investigación emergente.

La Ciencia jurídica moderna ha realizado enormes esfuerzos por demostrar el carácter científico de la actividad de los juristas. Este reconocimiento está hoy fuera de toda duda. Sin embargo: ¿puede evaluarse la actividad científica de los juristas con los mismos criterios con los que se evalúa la calidad de la investigación en otras ciencias?

Esta fue la cuestión que sirvió de leitmotiv al debate generado alrededor de la ponencia de José María Rodríguez Santiago y el contrapunto de Alba Nogueira López sobre la evaluación de la investigación jurídica en España, en la primera mesa dedicada al Método, en el marco del XVI Seminario de Teoría y Método de Derecho Público (STEM), que tuvo lugar el pasado viernes 28 de mayo, en formato virtual, y que fue organizado en esta edición por la Universidad de Alcalá.

La preponderancia de indicadores bibliométricos y cienciométricos, la necesidad de organizar la investigación alrededor de proyectos colectivos, así como la decidida apuesta por la internacionalización y la interdisciplinaridad en la evaluación de la calidad de la investigación son aspectos que no resultan adecuados para evaluar la ciencia jurídica y que introducen notables distorsiones, debido a la capacidad de conformación de la evaluación en las carreras académicas de los investigadores. El Derecho es una ciencia principalmente hermenéutica de textos normativos, estrechamente vinculada a los ordenamientos nacionales y, por tanto, a la lengua de las normas y es un ámbito en el que la investigación sigue siendo mayoritariamente individual, en formato de libro y no de revistas indexadas, como ocurre en otras ciencias. La presión introducida por el sistema de evaluación vigente en los investigadores desincentiva la reflexión y fomenta la velocidad en la producción de resultados así como la adopción de estrategias de supervivencia en el sistema que poco dicen de la calidad (como la denominada «estrategia salami», consistente en la publicación de un mismo trabajo en «rebanadas» cada vez más finas).

La ciencia jurídica debería ser capaz, no sólo de generar sus propios criterios, sino también de lograr que éstos encontrasen su reflejo en los estándares manejados por las agencias de evaluación. Y ello con independencia de si estos estándares mantienen su condición de soft law, como defendió el ponente, o acaban siendo recogidos en las normas jurídicas que regulan los procedimientos de evaluación, como propuso la discussant. Tales normas, en cualquier caso, deberían ser capaces de adecuar correctamente los procedimientos a los bienes jurídicos protegidos y a los fines de cada tipo de evaluación. Resulta evidente, aunque el sistema actual no lo refleje de este modo, que existen diferencias sustanciales entre la evaluación institucional de la investigación que realizan las universidades (vinculada a la libertad de enseñanza), la evaluación de los investigadores para obtener una acreditación o un sexenio (que debe respetar la libertad de investigación científica) o la acreditación de los proyectos de investigación (que debe estar orientada a la adecuada gestión del gasto público). Los criterios y los procedimientos para la evaluación de estas actividades no pueden ser los mismos. Mientras que el establecimiento de los criterios de evaluación de la actividad individual de los investigadores debe dejarse en manos de la ciencia, no puede decirse lo mismo respecto de los criterios de evaluación institucional de las Universidades, debido a la necesidad de garantizar en este caso el principio de libre competencia.

Estas reflexiones, y muchas otras que salieron en el debate y han quedado en el tintero, son relevantes para conseguir que la evaluación de la investigación jurídica no se convierta en un lastre para la libertad reconocida en el artículo 20.1.b) de la Constitución, sino que cumpla con las razones que justifican su existencia, esto es, la mejora de la calidad de la investigación, la mejora de la competencia y la competitividad y la adecuada gestión de los fondos públicos destinados a la investigación.

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